La Diputación de Castellón ya ha estado revisando el estado de la piscina provincial también junto a la nueva empresa concesionaria del servicio con tal de agilizar su puesta en funcionamiento al servicio de los castellonenses.
16 de diciembre. La Diputación de Castellón ya ha estado revisando el estado de la piscina provincial también junto a la nueva empresa concesionaria del servicio con tal de agilizar su puesta en funcionamiento al servicio de los castellonenses. Tanto es así que el Gobierno Provincial no ha dejado pasar ni un sólo día para seguir dando pasos previos que permitan reabrir estas instalaciones, tras cuatro meses y medio cerrada tras el abandono de la empresa concesionaria y a la espera de que el juzgado diese permiso para entrar.
Luis Martínez, diputado de Deportes, ha explicado que “estamos poniendo todos los recursos lo más rápido posible para acortar todo lo que podamos este periodo en el que la piscina está cerrada, recuperar estas instalaciones al 100% y devolver a los castellonenses un servicio de primera calidad. No dejamos pasar ni 24 horas para activar toda la maquinaria de la institución provincial, y hoy ya hemos estado con la nueva empresa concesionaria para que compruebe en primera persona el potencial de estas instalaciones”.
Así, después de que ayer mismo se reuniese con el más alto staff técnico de la Diputación para coordinar los pasos a seguir para agilizar los trabajos de rehabilitación de las instalaciones y de reapertura de la piscina, Luis Martínez ha estado supervisando el estado tanto de las piscinas como de los gimnasios y salas de fitness junto con la empresa concesionaria. Aunque aún no se ha firmado el contrato de adjudicación a la empresa que ganó el concurso, el diputado de Deportes ha querido que puedan estar también al tanto de en qué situación la ha dejado Aiguagest para que la nueva empresa concesionaria, de gran prestigio a nivel nacional, planifique tanto las necesidades de material que hará falta para la reapertura, así como las necesidades de nueva maquinaria, si fuese necesario, para prestar los mejores servicios a los castellonenses.
En representación de la empresa concesionaria, Javier García Ovejero, ha explicado que “el objetivo es devolver a toda la población de la provincia un servicio de calidad como el que merecen los castellonenses. Vamos a continuar con la misma metodología que se estaba realizando antes, mejorando en cuanto a tecnología y, sobre todo, orientado un poco más hacia la salud. Y lo que queremos es, tal y como apostó en su momento la Diputación con esta instalación, posicionarla como un referente para la provincia y volver a estar en el número uno de este tipo de instalaciones que es lo que nos merecemos todos los castellonenses”.
Especial interés en volver a contratar a los trabajadores lo antes posible
Tanto en la primera reunión de trabajo técnico ayer en la Diputación como la de hoy con la empresa en las instalaciones, Martínez ha tratado además con especial interés la situación de los trabajadores de la piscina, para activar el proceso de contratación, un proceso que pasa por la adjudicación del contrato para prestar el servicio de la piscina a la empresa que ganó el concurso a finales del pasado mes de agosto.
Así, la puesta en marcha de todo el proceso a llevar a cabo para la reapertura de las instalaciones implica además la activación del proceso económico, con la evaluación por parte de todos los técnicos implicados de los costes que supondrá poner al día las instalaciones. Unos costes de mantenimiento de los cuatro meses y medio que la piscina ha estado cerrada que la Diputación ya tenía presupuestados en sus cuentas de 2018 de acuerdo a todo su trabajo para poder reabrirla lo antes posible.
Hay que recordar que el departamento técnico de la Diputación de Castellón ha iniciado ahora de manera urgente, para acortar los plazos de reapertura tal y como ha insistido Javier Moliner, una evaluación de cuál es el estado real de las instalaciones, una evaluación que determinará el nivel de degradación que ha sufrido la piscina provincial por falta de servicio, mantenimiento y cierre obligado de las instalaciones durante cuatro meses y medio ante la falta de autorización judicial tras el despido de los trabajadores y la suspensión de los servicios a los usuarios por parte de Aiguagest
